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150 líderes de instituciones católicas de salud firman un llamamiento en La Croix, 28 de julio de 2026: aliviar el sufrimiento sí, ayudar a morir nunca. La cláusula de conciencia colectiva se convierte en el próximo frente.
Habíamos recordado, en relación con las cinco solicitudes presentadas entre el 16 y el 20 de julio ante el Consejo Constitucional, que la batalla jurídica no sería suficiente para preservar las instituciones católicas de salud del engranaje de la eutanasia. La llamada publicada en La Croix el 28 de julio de 2026 confirma este desplazamiento: la contestación cambia de terreno y ahora se juega en el de la conciencia institucional. Ciento cincuenta dirigentes de hospitales, clínicas, EHPAD y servicios de cuidados paliativos católicos firman juntos una toma de posición sin equívocos.
El texto lleva una reivindicación precisa: el reconocimiento de una cláusula de conciencia colectiva para los establecimientos católicos, distinta de la cláusula individual de los cuidadores. Enuncia de manera implícita lo que temen sus autores: ver los protocolos de ayuda para morir impuestos en casas que se han construido alrededor de la caridad sanadora. La clínica Sainte-Élisabeth de Marsella, ya citada por Vatican News el 23 de julio, encarna esta preocupación concreta relayada por la Conferencia de Obispos de Francia.
La llamada prolonga, sin nombrarlo, el Evangelium Vitae, en el cual Juan Pablo II califica la eutanasia de «grave violación de la Ley de Dios» (n° 65) y recuerda que ninguna orden puede obligar a una conciencia recta a cooperar en ello. El Catecismo n° 2277 es aún más tajante: «Cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas discapacitadas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable». La carta Samaritanus bonus (Congregación para la doctrina de la fe, 14 de julio de 2020) precisa que la objeción de conciencia «no es una simple concesión, sino un derecho exigido por la ley moral». Una cláusula institucional sería la traducción canónica de este derecho a escala de las estructuras.
Lo que los 150 firmantes dicen es que una institución sanitaria católica no puede ser neutral entre la vida y la muerte administrada. Si se rechaza la cláusula colectiva, la alternativa es simple: obedecer traicionando la identidad católica, o desobedecer exponiéndose a sanciones. Los fieles ven en ello la próxima prueba de la libertad religiosa concreta.
Queda el punto ciego del financiamiento: los establecimientos católicos dependen a menudo de convenciones públicas. Rechazar un acto previsto por la ley puede llevar a la desconvención y a la fragilización económica. La batalla pastoral se duplicará con una batalla presupuestaria.
El fiel puede apoyar las instituciones firmantes con su generosidad y su presencia junto a los moribundos. Es allí, en el lecho, donde se juega el rechazo concreto de la cultura del desecho denunciada por León XIV.
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Artículo producido por inteligencia artificial, revisado bajo control editorial humano.
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