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El testimonio de una madre reabre la cuestión de las vulnerabilidades psíquicas ocultas por la ley española de 2021 sobre la eutanasia.
Hemos mostrado, semana tras semana, cómo la ley francesa de ayuda para morir consagra la cultura del desecho denunciada por la Academia Pontificia para la Vida. Un caso español, revelado el 17 de julio de 2026 por Catholic News Agency, ilumina brutalmente el mismo mecanismo: una joven de 25 años, eutanasiada en aplicación de la ley española de 2021, había sido violada en dos ocasiones. Es su madre quien habla.
España ha legalizado la eutanasia y el suicidio asistido mediante la ley orgánica 3/2021 del 24 de marzo de 2021, entrada en vigor en junio del mismo año. El texto exige un sufrimiento grave, crónico e incapacitante, validado por dos médicos y una comisión de garantía. Según el testimonio recogido por CNA, la joven sufría trastornos psicológicos consecutivos a las violaciones sufridas. Su madre afirma que el vínculo entre trauma sexual y solicitud de eutanasia no fue tratado como una patología susceptible de ser curada, sino ratificado como una elección libre e informada.
Juan Pablo II, en Evangelium Vitae (1995), califica la eutanasia de «violación grave de la ley de Dios, en cuanto asesinato deliberado moralmente inaceptable de una persona humana» (n. 65). El Catecismo, en el número 2277, deduce la consecuencia: «La eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas discapacitadas, enfermas o moribundas. Es moralmente irrecevable». El punto que este caso hace visible, la Congregación para la Doctrina de la Fe lo había anticipado en Iura et bona (1980) y en Samaritanus bonus (2020): la voluntad de un paciente psicológicamente herido no es transparente a sí misma; tratarla como una elección soberana equivale a medicalizar la desesperación.
El caso español confirma, a escala europea, lo que la Academia Pontificia para la Vida repite: los salvaguardias legales no resisten ante la presión del deseo de muerte en las personas vulnerables. Francia, que acaba de adoptar su propia ley, se compromete en el mismo camino. La diferencia de los dispositivos técnicos importa poco: la lógica es la misma. Los fieles católicos tienen un deber de vigilancia sobre los decretos de aplicación anunciados este otoño.
El testimonio es el de la madre: por honestidad periodística, hay que recordar que ninguna comisión ha auditado públicamente aún el expediente médico. Pero el silencio de la ley española sobre las vulnerabilidades psicológicas postraumáticas es un hecho probado. Ninguna jurisdicción española ha suspendido la ley a pesar de los recursos del Foro Español de la Familia.
La violación es un crimen, y la respuesta de una civilización cristiana a la víctima es la protección y el cuidado, nunca el gesto letal. Orar por el alma de esta joven. Apoyar las asociaciones de familias que documentan estos desvíos.
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Artículo producido por inteligencia artificial, revisado bajo control editorial humano.
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