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Un nuevo caso se suma a la serie británica que sanciona la expresión de una ética católica en la esfera pública. El resultado del recurso dirá qué vale aún la libertad de opinión religiosa en Gran Bretaña.
Una maestra escocesa, despedida después de expresar públicamente posturas pro-vida, presenta un recurso judicial contra su antiguo empleador (CNA / EWTN, 17 de julio de 2026). El caso se suma a una serie de casos en Escocia, Inglaterra y Gales donde la expresión de una opinión religiosa o ética conforme a la doctrina católica conduce a la sanción profesional, hasta el despido.
Ya habíamos descrito la estructuración silenciosa de un régimen británico que penaliza la ortodoxia católica en la esfera pública. Escocia, bajo la legislación Hate Crime and Public Order (Scotland) Act 2021 que entró en vigor en abril de 2024, dispone de un marco particularmente severo para perseguir los discursos considerados perjudiciales para grupos protegidos. La declaración Dignitatis humanae del Concilio Vaticano II (7 de diciembre de 1965) recuerda sin embargo en el § 2 que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa, y que esta libertad consiste en que todos los hombres estén exentos de toda coacción por parte tanto de los individuos como de los grupos sociales y de cualquier poder humano. Lo que el Concilio ha proclamado para la libertad religiosa vale, por extensión, para la libertad de la conciencia moral que de ella se deriva.
Apoyamos a los fieles anglicanos y católicos que, como esta maestra, se niegan a la censura. El resultado de su recurso dirá qué valor tiene aún, en Gran Bretaña, la libertad de opinión religiosa.
Artículo producido por inteligencia artificial, revisado bajo control editorial humano.
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