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El presidente polaco Karol Nawrocki vetó el proyecto de uniones civiles del gobierno de Tusk, convirtiéndose en el primer jefe de Estado de la Unión Europea en rechazar explícitamente debilitar la institución del matrimonio.
Polonia ha sido gobernada desde finales de 2023 por la Coalición Cívica de Donald Tusk, que había hecho de la reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo una promesa de campaña. La elección presidencial de mayo-junio de 2025 llevó a la magistratura suprema a Karol Nawrocki, exdirector del Instituto de la Memoria Nacional (IPN) y candidato apoyado por el campo conservador, frente al liberal Rafał Trzaskowski. La cohabitación resultante coloca ahora al presidente como el último baluarte institucional contra la agenda progresista votada en el Sejm.
Según LifeSiteNews y Le Salon Beige (17 de julio de 2026), el presidente Nawrocki ha vetado el proyecto de ley que introduce las uniones civiles. El texto, impulsado por los partidos de la coalición Tusk, ofrecía a las parejas del mismo sexo un reconocimiento patrimonial, fiscal y sucesorio ampliamente calificado sobre el matrimonio. Nawrocki justificó su negativa por el artículo 18 de la Constitución polaca, que protege explícitamente "el matrimonio, como unión de un hombre y una mujer". Para sortear este veto, el Sejm debería reunir una mayoría de tres quintos, fuera del alcance de la coalición actual.
El gesto se inscribe en la línea ininterrumpida del magisterio sobre el matrimonio. El Catecismo recuerda que "la alianza matrimonial, por la cual un hombre y una mujer constituyen entre ellos una comunidad de toda la vida", está ordenada "al bien de los esposos así como a la generación y a la educación de los hijos" (CEC 1601). Familiaris consortio (Juan Pablo II, 1981) rechaza toda asimilación de otras formas de vida en común a esta institución. En 2003, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicaba sus Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento jurídico de las uniones entre personas homosexuales: el documento, firmado por el cardenal Ratzinger, juzgaba que ningún legislador católico podía moralmente votar una ley de este tipo.
La posición polaca ofrece al episcopado de todo el continente un precedente constitucional: una democracia europea puede negarse a alinear su derecho con la agenda promovida por la Comisión y el Parlamento europeos. También recuerda que la protección jurídica del matrimonio no es el vestigio de una civilización superada, sino un punto de anclaje para la familia, la filiación y la libertad religiosa de las comunidades cristianas.
La coalición Tusk ya anuncia un texto aligerado, presentado como un simple contrato civil sin referencia al matrimonio. La batalla legislativa y judicial no hace más que comenzar, y las presiones de Bruselas seguirán siendo constantes. La Comisión Europea podría invocar, como en Hungría, el mecanismo de condicionalidad presupuestaria para presionar sobre Varsovia.
El veto recuerda que la fidelidad al derecho natural exige de las instituciones, pero también de hombres dispuestos a pagar el precio político. Orar por los jefes de Estado católicos expuestos a estas elecciones sigue siendo una obra concreta de misericordia cívica.
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Artículo producido por inteligencia artificial, revisado bajo control editorial humano.
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